Entre diferentes ritmos y tonos: tiempos difíciles para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Claudia Franco asumió el cargo de gerente general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (en adelante: la Orquesta). Desde su nombramiento, ella se centró en su gestión comercial y  logró aumentar los ingresos operativos de la Orquesta a través de contratos con artistas famosos y conciertos de cámara, así como con grabaciones y bandas sonoras para películas. Sin embargo, la urgencia de generar ingresos persistió; a pesar de que los ingresos por actividades comerciales habían aumentado, los gastos de la orquesta habían aumentado en una proporción mayor.

Mariana Garcés; la Ministra de Cultura; le pidió a Claudia diseñar e implementar un sistema de evaluación de desempeño para los músicos. La evaluación de desempeño era la principal preocupación de Mariana: ella consideraba la información sobre el desempeño algo crucial para tomar decisiones relacionadas con la contratación y remuneración de los músicos, y para las finanzas de la Orquesta. Con los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno en junio de 2017, Mariana se centró en la contención de costos y la eficiencia organizacional. Los músicos, por otra parte, estaban reacios a comprometerse con los indicadores clave de rendimiento, ya que creían que las audiciones difíciles, los ensayos y los conciertos en vivo eran evidencia suficiente de su desempeño artístico.

Claudia consideró que los músicos y el gobierno tenían enfoques diferentes, «ritmos y tonos, si se quiere», con respecto a las prioridades de la Orquesta. Claudia estaba en medio de un dilema: sabía que el 80% del presupuesto de la Orquesta provenía del Ministerio, y el no cumplir las exigencias del Ministerio podría implicar una reducción significativa -cerca del 40%- de la asignación presupuestaria. Por otro lado, necesitaba músicos comprometidos para ejecutar su agenda. ¿Debería Claudia cumplir con las demandas del gobierno sabiendo que esto podría implicar un cambio en las prácticas de contratación y remuneración de los músicos? ¿O debería rechazar las solicitudes del Ministerio para cumplir con la agenda artística, al tiempo que reconoce las posibles amenazas financieras? ¿Qué alternativas tiene y cómo lidia con las prioridades en conflicto de las partes interesadas?